Inclusión laboral: un horizonte posible para las identidades trans

Cuando en la petrolera para la que trabajaba se enteraron de que se cambiaría el sexo, le notificaron que prescindirían de sus servicios –irónicamente– por no haberse adaptado a los cambios. Llevaba 17 años de antigüedad en el área de cartografía pero, aunque en la empresa todos creían que era homosexual, semejante transformación fue demasiado para ellos.

A los 56 años, Carla Castro se quedaba desempleada, 15 días después de haber aprobado el examen psicofísico previo a las intervenciones quirúrgicas en el Hospital Durand, que se llevarían a cabo recién tres años después, en 2010. “A un compañero del trabajo se lo comenté porque, debido al tratamiento hormonal que yo ya había empezado, él se dio cuenta de que mi cuerpo estaba cambiando. Él lo desparramó entre el resto de los compañeros, a los que yo ya les venía avisando de forma indirecta comentándoles que se venía un cambio grande en mi vida y que esperaba que me aceptaran”, dijo Castro.

Intentó hacerles una denuncia a través del Inadi pero allí le pedían testigos que no estuvieron dispuestos a cooperar “por miedo a perder el trabajo” así que aceptó la indemnización que le ofreció la empresa, de la que vivió los siguientes dos años. “No me quedó otra, si no tenía que vender el departamento.” Durante los años siguientes, con la ayuda económica de su hermana melliza que vive en Tenerife, España, peleó legalmente por ser reconocida como mujer después de la operación.

En junio de 2013, luego de una larga serie de procesos judiciales, Carla se transformaría en la primer mujer trans en obtener una jubilación en la Argentina. Pero Castro es una excepción. La gran mayoría de las personas que integran el colectivo trans (travesti, transexual y transgénero) se dedica altrabajo sexual y carece de formación educativa y profesional.

Carla Castro, primera jubilada trans / Crédito foto: Anses

El colectivo trans es un universo complejo. Dentro del espectro que representa el conjunto de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) tan solo la “T” se abre en un abanico de diversidad en sí misma. Las combinaciones de posibles construcciones de identidad que se enmarcan dentro de este colectivo ocupan todavía un lugar incómodo para una sociedad de aprendizaje perezoso y para un Estado que no ha logrado dar respuesta a las demandas de una minoría que reclama cada vez más por su reconocimiento cívico.

Desde la sanción de la Ley de Identidad de Género (LIG) en 2012, el colectivo trans ha adquirido una mayor visibilidad. La LIG fue el resultado de décadas de activismo y una conquista que disparó el planteamiento de acciones y pedidos por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) relacionados con los derechos humanos del universo LGBT en los ámbitos educativo, laboral y sanitario.

Sin embargo, no existen consensos en la forma en la que se debe profundizar sobre la inclusión y los referentes en la materia tienen visiones antagónicas, sobre todo con respecto al rol que debería ocupar el Estado, muchas veces, por tratarse de opiniones políticas partidarias de los gobiernos. Además, salvo en los casos de referentes abiertamente oficialistas, son comunes las críticas hacia el Gobierno nacional en cuanto al uso político y simbólico de los derechos LGBT debido a la falta de voluntad para trascender la sanción de las leyes igualitarias hacia medidas pragmáticas para poner en práctica la letra de la ley.

El acceso a la salud, a los procesos de hormonización y a las cirugías de reasignación de sexo son elementos de la LIG que los Estados nacional y provincial, como garantes de esos derechos, todavía no han reglamentado ni instaurado en gran parte del territorio nacional. Por otro lado, la creación de programas de escolarización inclusiva, el fomento de cooperativas de trabajo y la presión por políticas públicas y las llamadas “acciones afirmativas” (programas de subsidios y microcréditos) son algunas de los logros subsecuentes a la LIG en los primeros dos rubros, victorias impulsadas exclusivamente por presión de las OSC con el apoyo de algunos representantes del oficialismo.

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Cuando se abren las puertas del ascensor, llama la atención que en vez de la apariencia de cualquier entidad burocrática se presentan ante el visitante varios maniquíes intervenidos por artistas y que las paredes están pintadas de color lila y rosado. En el séptimo piso del edificio que tiene el Gobierno porteño en Carlos Pellegrini 211, a una cuadra del Obelisco, se encuentra la Dirección de la mujer, área que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social y que se dedica a promover el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Maniquíes intervenidos en su presentación en el Obelisco / Crédito foto: La Rázón

Además de la apariencia, este espacio tiene la particularidad de ser el único en el edificio que, según las palabras del agente de seguridad de la planta baja, impide la entrada al sexo masculino sin el permiso de las autoridades de la dirección. Allí, desde septiembre del año pasado, trabaja Gabriela Edith Ojeda, en el área de mensajería de asuntos legales, como consecuencia de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social porteño y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA).

Ojeda fue la segunda mujer del colectivo trans en ingresar bajo un contrato de locación anual a la dependencia pública porteña y se espera que sean un total de 10 mujeres trans las que pasen a trabajar para el Gobierno de la CABA. Ella, al igual que las que sean incorporadas en el futuro, trabaja además para la ATTTA por las tardes. Ella, al igual que la gran parte de las personas de este colectivo, vivió de la prostitución hasta que conoció la asociación.

“Estoy re contenta y están re contentas conmigo”, cuenta Ojeda sobre su nueva situación laboral. “Mi jefa está chocha. Me dice lo mucho que la alivié de trabajo. Ellas entran a eso de las 10 y yo desde más temprano ya estoy llamando para ver si hay algo para mí. Es muy lindo vivir y trabajar de lo que te gusta, o sea, hago lo que me gusta y me llevo plata. Antes me llevaba plata a mi casa pero no era lo que me gustaba.”

Mónica Urgorry, gerente operativa del departamento de Atención integral a la víctima de violencia doméstica y sexual, dijo no estar enterada del convenio con la ATTTA y atribuyó el ingreso de Gabriela a un programa de capacitación. “Desde un principio ella fue tratada como igual y se evitó todo tipo de exageración o sobreactuación para que no se sintiera incómoda, como suele pasar, tanto desde el que es minoría como desde el otro lado. Hay veces que son las personas que se ven afectadas las que marcan la diferencia por querer un lugar igualitario, como si estuvieran a la defensiva. Eso pasaba un poco al principio pero rápidamente la situación cambió. Acá trabajamos con discriminación así que la integración fue absolutamente normal. Gabriela tiene una personalidad transparente y sensible y tiene su identidad totalmente resuelta.”

Cuando Ojeda ingresó a la Dirección de la mujer, no tenían resuelto el lugar que ocuparía. Necesitaban operadoras para trabajar en el refugio “Mariquita Sánchez”, un espacio a puertas cerradas donde se recibe a las víctimas de violencia de género, pero Urgorry creyó que Ojeda no estaba preparada para “meterse en la boca del lobo”. “Te vas siempre de acá con una mochila y el trabajo de campo no es para todos. Ella hizo siempre hincapié en que le gustaba trabajar libremente y me demostró confianza y responsabilidad para cumplir así que se dedica a llevar y traer documentos e informes a las fiscalías y juzgados”, relató la gerente operativa. “Le encanta ir al refugio y tomar mate y charlar con las mujeres, pero muy diferente es tener que estar tiempo completo ahí y contener a las víctimas. También coopera con cualquier tarea que sea necesaria los días que hay mucho trabajo en la oficina.”

Gabriela, de 47 años, describe con una sonrisa permanente cómo esta oportunidad laboral le permitió estar pensando por primera vez en su vida en tener una vivienda propia o en mudarse con su pareja, un hombre con hijos. Sus compañeras de trabajo, militantes de los derechos de la mujer, le dicen en tono de burla que no sea absurda, que se vaya a vivir sola y tranquila por lo menos un rato, que no se meta en problemas.

El caso de Gabriela no difiere de casi la totalidad de las personas del colectivo que tienen un trabajo en ambientes integrados. De las minoría de personas trans que no se dedica al trabajo sexual, solo son excepciones aquellas que pudieron acceder a condiciones laborales inclusivas sin la ayuda o la intervención de las OSC trans o del universo LGBT. Por lo tanto, casi la totalidad de las personas trans que nunca se dedicó, pretende salir o ya dejó la prostitución está vinculada a algún tipo de activismo.

“Siempre la ATTTA se fija de ayudar a conseguir mejores oportunidades a las que estamos comprometidas en querer salir de la prostitución”, dijo Ojeda. “La chica que me trajo a la asociación sigue ejerciendo el trabajo sexual. Ella es una chica muy inteligente y podría estar haciendo lo que estoy haciendo yo pero no quiso; yo sí quise”, cuenta Ojeda, sin ocultar una sonrisa de orgullo.

Antes de empezar a capacitarse, era coordinadora general de un merendero popular en el barrio porteño de Mataderos. A partir de allí, comenzó a colaborar como promotora de salud. “Esto no es una bolsa de trabajo, pero si vos querés salir adelante se te ofrecen varios cursos de capacitación”, dijo Ojeda. “Yo entrevisto chicas de 20, 25 años y les digo: ‘Ojalá a tu edad yo hubiese podido tener estas oportunidades’. Hay que querer tener ganas de salir. Valorar el trabajo, valorar la plata, levantarse temprano, hacer un sacrificio necesario para estar mejor. Cuesta convencerlas pero bueno, hoy el trabajo sexual es solo una opción.”

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La ATTTA logró con el Ministerio de Desarrollo Social de la nación y con el PAMI [Programa de Atención Médica Integral] entrar en un convenio para un programa de cuidadoras de la tercera edad. “Las compañeras estudiaron, se recibieron y actualmente están trabajando en geriátricos en la CABA y en la provincia [de Buenos Aires]. El programa sigue funcionando y hay compañeras que se siguen capacitando”, dijo Marcela Romero, presidenta de la asociación y secretaria general de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

Marcela Romero, ATTTA / Crédito foto: diversxs.com

Existen también convenios con el Ministerio de Salud nacional y el Hospital de Clínicas para capacitaciones y se ha integrado a tres personas trans en el Ministerio del Trabajo nacional y a algunas mujeres trans capacitadas por la asociación en diversas municipalidades de la provincia de Buenos Aires.

Tal es el caso de Romina Bustamante. Ella dejó la prostitución por una neumonía y una amiga la invitó a un taller de ATTTA en Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. La asociación la capacitó como promotora y consejera sobre VIH e ITS (infecciones transmisión sexual) y luego se la eligió como referente en Avellaneda, en la zona sur bonaerense.

“Me enfermé y me asusté así que dejé de trabajar en la calle pero no sabía hacer nada. Mi amiga [Claudia Pía Baudracco, referente del activismo trans, fallecida en 2012] me invitó al taller y me preguntó si quería ser parte de la organización así que ya hace cuatro años que estoy acá participando. Me empecé a capacitar como promotora de salud y haciendo cursos en Fundación Huésped [lucha contra el SIDA] en consejería para que la gente se haga los testeos y, una vez que están los resultados, saber cómo hablarles, cómo aconsejarlos. Con Marcela Romero fuimos a hablar con el servicio social y de salud de la intendencia de Avellaneda y de a poco se fue coordinando para tener una persona que trabaje ahí en conjunto con la asociación.”

Desde octubre pasado trabaja para la Municipalidad de Avellaneda en el área de salud como promotora para la comunidad trans. Realiza trabajo de campo mediante la entrega de preservativos y trípticos informativos, charlas en escuelas y en centros de salud. “Les cuesta a las chicas trans incluirlas, cuesta ir a buscarlas, que participen, porque no hay información entonces yo soy la que tiene que llevar la voz cantante e ir a informarlas. En Zona Sur es más difícil que en Capital. Acá son más accesibles pero allá las chicas son más herméticas, tienen más miedo porque fueron más castigadas.”

Además, Romina se encuentra cursando el tercer año de la secundaria como parte del plan Fines (finalización de estudios secundarios y primarios) en la Universidad Nacional de Avellaneda, donde también da charlas. “Éramos 10 chicas trans cuando empezó el curso, ahora somos cinco. La mitad desertó porque no pudieron con el nivel de exigencia”, dijo Bustamante. “No estamos solas, estamos con chicos y chicas, también hay mujeres grandes que están retomando los estudios. Eso es lo que se quiere en este programa: que haya inclusión pero que no sea separada sino que estemos juntos.”

Gustavo, subcoordinador del programa y militante estudiantil aceptó que existen ciertos lugares comunes en los que se puede caer a la hora de tratar con minorías excluidas que tienen el riesgo de condicionar el potencial académico de los alumnos. “Estamos haciendo inclusión y para hacer inclusión hay que ceder en algo, no se puede tener el mismo nivel de exigencia con alguien que está retomando sus estudios ya adulto y que además viene de un ambiente donde la educación escolar no está dentro de las principales prioridades. Este es un espacio en el que las chicas trans aprenden a desenvolverse como una más del curso pero, para que esto funcione, el respeto es tanto o más importante que las calificaciones, y la educación cívica, democrática e inclusiva es donde ponemos más empeño, para que las personas trans puedan aprender a hacerse valer por sí mismas y además romper esa distancia con el resto de la sociedad en un ambiente amable y controlado.”

Gustavo, un joven estudiante de derecho que prefirió no dar su apellido, ve como un problema el porcentaje de abandono que existe pero cree que los cambios se dan de a poco y que implica un esfuerzo de todas las esferas de la sociedad. Sobre el trabajo que realiza Romina tanto como estudiante y promotora, dijo creer que el principal obstáculo que encuentran las personas trans en lo que respecta a la inclusión laboral es poder superar la primera impresión, sobre todo en la gente mayor. “Los jóvenes ya lo tienen mucho más naturalizado; aunque cuando son adolescentes a veces suelen pasarse de la raya, eso es solo por inseguridad. Las generaciones más grandes son quienes todavía piensan con estructuras mentales ya superadas y poco tiene que ver con el nivel educativo de la gente sino con una ignorancia más radical, más personal. Discrimina el que no conoce.”

María Ampuero Varas es una de las pocas docentes trans en el programa para el colectivo adaptado al plan Fines en la Universidad Nacional de Avellaneda, como en el que cursa Romina Bustamante. Sin embargo, su visión fue más crítica con este modelo ya que lo compara con su experiencia como docente en el Bachillerato Popular “Mocha Celis”, la primera secundaria trans del mundo, creada en 2012, donde también da clases de informática. “En lo educacional, siento que los trabajos de inclusión tienen un doble filo por querer inyectar rápidamente a la gente a diferentes terrenos sin el contacto o la investigación del caso previa para que no se presenten complicaciones o situaciones difíciles. Me parece bueno pero, a mi modo de ver, se llevó a cabo mucho mejor en el Mocha Celis que en otras instituciones. Ahí se busca que la inclusión no sea invasiva así que el formato funcionó, a pesar de algunas falencias: a veces se generan en los alumnos conceptos de autocompasión o victimización por parte de los docentes porque conocemos sus vidas privadas y eso hace que pueda bajar el nivel de exigencia o que el alumno no se haga cargo. La idea es ir preparándolos para un mundo laboral y si no hay responsabilidad y un poco de estructura eso se pierde.”

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Ubicado en el quinto piso del edificio de la Mutual Sentimiento, al lado de la estación terminal Federico Lacroze del Ferrocarril General Urquiza, en el barrio porteño de Caballito, se encuentra el Bachillerato Popular “Mocha Celis”. Detrás de la puerta de vidrio de entrada, recibe al visitante un póster del ex presidente Domingo Faustino Sarmiento, emblema de la escolaridad en la Argentina, pero acá lleva los labios pintados de rosa y el pelo rubio, como si fuera una de las imágenes de Marilyn Monroe que coloreaba Andy Warhol.

Bachillerato Popular Mocha Celis / Crédito foto: infobae.com

La Fundación Diversidad Divino Tesoro nuclea a los 20 docentes –incluyendo coordinadores, profesores y personal de biblioteca– que llevan adelante este proyecto, no excluyente de quienes no sean parte del colectivo, dedicado a darles un espacio de contención libre de discriminación para que puedan pretender mejores opciones en el circuito laboral, aplicar para una carrera universitaria o simplemente continuar con el activismo social: el bachillerato dura tres años y se egresan con el título de Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades, avalado por el Ministerio de Educación de la nación. 35 personas, no todas del colectivo, están inscriptas en el bachillerato, que tiene turno vespertino.

Allí también se llevan adelante cursos de oficios (maquillaje, peluquería, indumentaria, gastronomía y tatuaje) organizados en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la nación como parte de programas “Jóvenes con más y mejor trabajo” y “Seguro de capacitación y empleo”. A través de estos programas, desarrollados también en Tartagal, provincia de Salta, y La Matanza, provincia de Buenos Aires, las participantes reciben un apoyo económico simbólico de $250 mensuales por viáticos. Si aprueban el año reciben $600 en concepto de premio y $150 pesos por cada módulo aprobado si se trata de educación semipresencial. Sobre la efectividad de estos subsidios, los referentes de las OSC están lejos de ponerse de acuerdo y la defensa o crítica de ellos está estrechamente ligada a la cercanía que tengan con el oficialismo nacional.

En los bachilleratos populares del país, el promedio de deserción es de 50%. La situación en el Mocha Celis no escapa a esta realidad, aunque no por las mismas razones. “Las chicas no necesariamente faltan porque no quieran venir o porque les da lo mismo sino porque están cansadas de trabajar la noche anterior o con cansancio acumulado de la semana y algunas han tenido problemas de salud”, comentó Francisco Quiñones, uno de los fundadores y coordinadores del Mocha Celis. “Nosotros tenemos un sistema con el que, a los dos días de ausencia, se las llama para saber si está todo bien, si necesitan algo en particular, para preguntarles si van a venir o no, para que no pierdan el contacto con la escuela y para demostrarles que nos interesa y que nos preocupamos; eso impacta mucho en el autoestima.”

Generaciones de activistas trans han logrado incorporar a parte del colectivo en el mercado laboral, por lo menos relativamente, pero el principal frente de batalla sigue siendo, según coincide la mayoría, el plano de la educación, derecho constitucional y elemental para la posibilidad de una competencia futura. O como lo explica en una frase Romina Bustamante: “Si tenés una chica trans que no sabe leer ni escribir, ¿adónde la vas a meter por más que tengas la mejor voluntad?”

Marcela Romero, presidenta de la ATTTA dijo: “Desde la organización, lo que hacemos es informarlas [a las mujeres trans] de sus derechos, de que tienen una identidad con un documento con su nombre, que se movilicen, que para entrar a un trabajo tienen que tener un currículum y que hay que capacitarse. Y, por supuesto, hacemos todos los convenios que podamos con los programas que haya en los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo o Educación. Queremos otras opciones. El tema de la educación es muy importante, que las compañeras puedan terminar el primario y el secundario. Lo que nosotros hacemos es darles herramientas para que puedan entrar al circuito laboral. Eso ya se está cumpliendo en la Argentina en algunas provincias. Muchas entraron en la bolsa de trabajo de algún municipio o están trabajando en cooperativas.”

La alternativa de las cooperativas de trabajo comenzó de la mano de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) a cargo de la principal referente trans de la Argentina, Lohana Berkins, quien ahora es Directora de la Oficina de identidad de género y orientación sexual en el Observatorio de género en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En 2008, se crea en Avellaneda la Cooperativa textil de trabajo “Nadia Echazú”, en homenaje una histórica activista trans, con el objetivo de ofrecer una alternativa al trabajo sexual a 60 personas del colectivo.

Según las dos investigaciones realizadas por Berkins editadas en los libros La gesta del nombre propio (2005) y Cumbia, copeteo y lágrimas (2007), cerca del 95% del universo trans se dedica al trabajo sexual, cuando 77% de ellas lo dejaría si pudiera. Además, 64% no terminó la primaria y 84% abandonó el secundario.

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Los avances en el respeto a los derechos humanos que ha promovido la sanción de la LIG son agradecidos por todo el colectivo. Sin embargo, siguen existiendo grandes vacíos institucionales que detienen todavía la aplicación total de la ley, sobre todo en lo que respecta a la satisfacción de las necesidades para los tratamientos hormonales y operaciones estéticas y genitales supuestamente garantizadas por la normativa.

Esteban Paulón, presidente de la FALGBT, es crítico sobre la falta de compromiso institucional para llevar a cabo las medidas necesarias para erradicar las problemáticas más inmediatas. “Para un Estado como el de la CABA o Rosario, o para el Estado de una provincia –Salta, por ejemplo, tiene 200 trans– es totalmente abordable, es totalmente trabajable. El Estado debería poder tener las herramientas para atacar la vulneración de derechos. Incluso para el Estado nacional, con un universo de 4000 personas, parece un chiste que no puedan tenerlo bajo control. No tenemos hoy preparados los sistemas sanitarios porque el Ministerio de Salud de la nación no reglamenta y no piensa reglamentar. Hay un vacío legal y un derecho inaccesible. Cuando vamos a la realidad cotidiana, solamente tres distritos tienen servicios de salud integral para el colectivo trans: CABA, provincia de Buenos Aires y Santa Fe.”

Esteban Paulón, FALGBT / Crédito foto: laubfal.com

El problema es complejo a nivel estructural. En la provincia de Buenos Aires hay un solo hospital habilitado para realizar las intervenciones quirúrgicas de reasignación genital, en La Plata, y hace una operación por mes, en un territorio que tiene alrededor de 1000 personas que ya han actualizado el DNI a su identidad. Servicios hormonales hay cinco. Incluso donde los servicios están disponibles, el problema de fondo son los recursos.

“¿De dónde saca un hospital público una prótesis mamaria que cuesta $2000 para una adecuación de género cuando no hay ni para mujeres a las que se les tuvo que hacer una mastectomía por un cáncer de pecho?”, se pregunta Paulón. “Hay que tener la voluntad política de hacer las licitaciones públicas correspondientes, pero todo cuesta mucho y toma demasiado tiempo. Si votamos una ley, la idea es que después podamos hacer el esfuerzo de que eso se cumpla realmente. Con la ley no alcanza.”

A manera institucional, las principales OSC trans más cercanas al oficialismo han insistido en la aplicación de acciones afirmativas por parte de los Estados nacional y provincial, como subsidios y microcréditos para capacitarse y crear sus propios emprendimientos, el desarrollo de proyectos de leyes de cupo en el sector público así como el ingreso a la planta permanente de personas trans en ministerios y municipalidades.

“Las acciones afirmativas son una forma importante para paliar el fenómeno de la exclusión, son efectistas pero están bien”, opinó Emiliano Litardo, autor de la LIG y miembro del grupo Abogad*s por los derechos sexuales, cercano al Gobierno nacional. “Quienes creemos que las acciones afirmativas son solo una estrategia para generar cambios socioculturales entendemos que deberían tener un corto plazo de vida. Cuando se sostienen en el tiempo durante muchos años esto significa que algo claramente está fallando.”

Diana Sacayán, Inadi y MAL / Crédito foto: La naranja de prensa

Diana Sacayán, coordinadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y empleada en el Programa de diversidad sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), entidad gubernamental, dijo: “Está perfecta la integración en la economía social y el cooperativismo es una experiencia interesante, pero nosotras entendíamos como organización que había que avanzar hacia la creación de políticas públicas, entonces interpelamos al Estado”.Su incidencia política dio como resultado la resolución 331/2013 firmada el año pasado por el secretario de Empleo nacional, Enrique Deibe, que incluyó al universo trans en los programas “Seguro de capacitación y empleo” y “Jóvenes con más y mejor trabajo” extendibles al “Programa de empleo independiente”.

No obstante, existen críticas al respecto de la efectividad de estos programas. Esteban Paulón calificó los $250 de viáticos insuficientes y, en los casos en los que la persona sea portadora del VIH, inútiles ya que son incompatibles con la pensiones no contributivas que brinda el Ministerio de Desarrollo Social.

“En un año está la persona capacitada con un monto que la Secretaría [de Empleo] ofrece por única vez de $15.000”, dijo Sacayán. “Lo interesante de esto es que esa compañera puede asociarse con un otras cuatro, con lo que pueden pensar en montar algún emprendimiento propio.” Sobre esto, Litardo, defensor de las medidas, matizó su opinión al cuestionar la profundidad en la que se terminan llevando a cabo. “De nada sirve tener una política paternalista si la postura del Estado es que la prostitución esconde una explotación sexual o si les dan créditos sin una contención técnica de cómo llevar a cabo un microemprendimiento. No hay fórmulas demasiado concretas.”

No existe un consenso entre los involucrados sobre la efectividad de las medidas gubernamentales ni se encuentra cercana la solución a los problemas sociales de fondo que provocan las dificultades que sigue teniendo el colectivo para poder acceder a la educación y competir en el mercado laboral. No obstante, la necesidad de mayor profundidad es una demanda común en todos los comprometidos en esta causa.

Las medidas más demandadas y más cuestionadas en el último año fueron las leyes de cupo. Sacayán, Berkins y Litardo colaboraron recientemente en la redacción de un proyecto de ley de cupo en entidades públicas a nivel nacional para personas del coletivo trans, todavía en revisión, que sería presentado a través de las diputadas nacionales Mara Brawer o Diana Conti (Frente para la Victoria), según las fuentes. La idea de un porcentaje obligatorio ya tiene precedentes en el país.

La iniciativa de un cupo de 5% para personas del colectivo LGBT fue impulsada en la legislatura porteña por Maximiliano Ferraro (CC/UNEN) basada en el Plan de Ciudadanía LGBT elaborado por la FALGBT con el apoyo del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH y SIDA (ONUSIDA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). No obstante, el proyecto fue vetado.

En la provincia de Buenos Aires, la diputada Karina Nazabal (Nuevo Encuentro) presentó a fines de 2012 un proyecto similar, ideado por el MAL, por un cupo del 3% para personas trans. En septiembre de 2013, se propuso también un cupo de 3% para el colectivo trans en Córdoba, producto de una iniciativa de Liliana Romero (FIT). Además, se presentó en noviembre un proyecto de ordenanza de un cupo trans de 4% en la Municipalidad de General Pueyrredón en Mar del Plata.

“El cupo es una herramienta más pero, por la dimensión del colectivo, el cupo es inocuo, inefectivo”, dijo Paulón. Con alrededor de 4000 personas con documento actualizado en el país, el porcentaje a nivel nacional para emplear a todo el universo trans sería del 0.1% para una población de 40 millones.

Litardo, autor del proyecto, aclaró: “Tener un cupo no alcanza si eso no va a acompañado de otras prácticas que tiendan a asegurar cambios sustanciales para que puedan generar un crecimiento dentro de ese espacio al que ingresaron; si no queda todo en maquillaje”.

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